Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO y John Brandolino, jefe de la División de Tratados de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC), plantean que la crisis sanitaria producida por el COVID-19, podría afectar la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos y en sus gobiernos, por lo cual consideran necesario para impedir que las medidas tomadas puedan restringir el estado de derecho y los derechos humanos.
Plantean que, en el caso específico de la educación, la pandemia ha generado un conjunto de consecuencias, producto del cierra de los establecimientos escolares a lo largo y ancho del mundo. Ello ha puesto en duda la capacidad de los sistemas educativos para hacer frente en forma adecuada y oportuna a la crisis, lesionando severamente los derechos durante y después de pasada la pandemia.
Por esto es mismo es que el Secretario General de Naciones Unidas sostuvo en abril pasado, que la crisis buen podría transformarse en una crisis de los derechos humanos y, por lo mismo, todas las medidas que se tomen deben garantizar su protección y sin discriminar a ninguna persona.
En razón de aquello, UNESCO y UNODC, buscan superar la brecha entre educación y justicia, para que niños, niñas y adolescentes, puedan comprender y ejercer en plenitud todos sus derechos, desarrollen su pensamiento criterios éticos y de integridad en la lucha contra las injusticias, para sí avanzar havia sociedades más justas.
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