El proyecto de ley de reforma al sistema de educación superior que acaba de ser enviado al parlamento solo busca introducir cambios cosméticos al modelo vigente.  Un ejemplo de lo anterior es la puesta en marcha de la gratuidad de los estudios terciarios a contar del presente año, que tal y como está siendo concebida por el gobierno es un claro botón de muestra de lo que planteo. En efecto, resulta incomprensible que la gratuidad se haya impulsado vía glosa presupuestaria y no mediante una ley amparada en una política pública o plan nacional.

Resulta inexplicable que los recursos del Estado asociados a la gratuidad vayan a financiar los costos de docencia que deben solventar los estudiantes que se encuentran matriculados en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica privados; aun cuando tengan cuatro años de acreditación y declaren no tener fines de lucro. Lo lógico sería que los recursos para ese segmento vayan a financiar los estudios de los educandos que concurren a las universidades estatales, que deben concebir la educación como un derecho y un bien social, y no a aquellas instituciones privadas que persiguen propósitos de mercado o que simplemente no buscan un fin público.  Al no existir una política de Estado en el sector educación, es posible encontrarse con definiciones incoherentes e inconsistentes tanto en el discurso como en la implementación de las distintas acciones que se han venido sucediendo en el último tiempo, que se contraponen o solo responden parcialmente a las promesas que la Nueva Mayoría consagró en el programa del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

En Chile no se han aplicado políticas públicas en el sector educación (incluyendo, por cierto, el nivel terciario) desde comienzos de la década del ochenta hasta el presente (Espinoza, 2002, 2015). En dictadura y bajo los gobiernos democráticos posteriores hemos observado la implementación de un conjunto de iniciativas (programas y acciones) que no se articulan entre sí, y que no poseen una fundamentación sólida para su puesta en marcha ni han sido evaluadas para visualizar su impacto (positivo o negativo) sobre el sistema y sus actores. Todas esas acciones no han hecho más que perpetuar el statu quo y avalar la mercantilización de la oferta educativa.

Para que existan políticas públicas, y una transformación del sistema terciario,  debería haber un diagnóstico acabado y una evaluación del sistema en relación con las distintas aristas que este abarca, incluyendo: institucionalidad, financiamiento, gobernanza, participación, calidad y pertinencia de la oferta de pre y postgrado, y empleabilidad de los egresados. Lamentablemente, tal diagnóstico y evaluación no se ha hecho en los últimos 35 años ni menos aún al interior del gobierno actual, pese a las expectativas generadas.

No se ha evaluado el impacto de los programas impulsados desde 1990 a la fecha (particularmente de becas, de créditos, MECESUP, etc.). Menos aún se ha dimensionado/cuantificado con rigurosidad lo qué significa en términos de recursos cumplir con las enormes expectativas que se generaron con el programa de gobierno de Michelle Bachelet. Por el contrario, desde que asumió el actual mandato hemos presenciado voltereta tras voltereta en la clase dirigente, situación que deja de manifiesto altos niveles de improvisación y permanentes pugnas/tensiones que se han suscitado al interior de la Nueva Mayoría donde es posible visualizar partidarios de dos modelos de desarrollo diametralmente distintos: uno de carácter más progresista, que persigue socavar las bases del modelo neoliberal, y otro de carácter conservador que se alinea con el modelo vigente desde 1980, que sólo está dispuesto a ceder en términos marginales para salvaguardar sus intereses.

Hoy están predominando las fuerzas más conservadoras del bloque gobernante, con lo que se asegura la continuidad de los postulados neoliberales de Milton Friedman, recientemente de visita en Chile invitado por la Escuela de Economía de la PUC, donde fue agasajado por sus discípulos, incluyendo a Sergio de Castro.

Distintos grupos de interés (iglesia, sostenedores nacionales e internacionales, grupos económicos, estudiantes y sus federaciones, CRUCH, CUECH, G9, CUP) han comenzado a alzar la voz y a reclamar en función de sus demandas particulares. El proyecto de ley de reforma de la educación superior no deja a nadie contento. Ello da cuenta del alto nivel de improvisación que ha rodeado la formulación del proyecto en cuestión y avala la tesis de la inexistencia de una política pública seria y fundamentada en evidencia robusta, donde quede fehacientemente refrendado el norte hacia el cual se quiere transitar.

Para que pueda concretarse una transformación real, es imprescindible que exista una política pública en educación o un Plan Nacional en el Sector Educación (tal como lo viene implementando, por ejemplo, el gobierno brasileño a partir del Plan 2020 desde el año 2015), que tenga sustento real y que a lo menos consigne: diagnósticos segmentados, objetivos de mediano-largo plazo, indicadores, recursos asociados por año o por un periodo determinado (bienio, trienio o quinquenio), población e instituciones beneficiarias, recursos asignados, impacto esperado, evaluación durante y post facto, unidad orgánica responsable del monitoreo y seguimiento, consecuencias en caso de incumplimiento de metas u objetivos cuando corresponda, entre otros. Por cierto, todo ello debe estar avalado por una normativa y reglamentación ad hoc. Solo de ese modo se pondrá fin a las improvisaciones que hemos presenciado durante los últimos dos años en distintos estamentos, pero especialmente al interior del gobierno.

La luz de esperanza que nos queda para que nuestro sistema efectivamente sea transformado desde las bases, para responder a las necesidades de la sociedad y no a intereses particulares, es que nuestros estudiantes (que ya mantienen una movilización de más de un mes tanto a nivel secundario como universitario) continúen enarbolando las banderas en favor de una educación pública de calidad, gratuita, solidaria y vinculada con las necesidades de toda la sociedad. Solo la movilización garantizará una efectiva transformación del sistema educativo terciario. De lo contrario, el gobierno no alterará mayormente las bases del modelo y continuará por la senda de los parches. Afortunadamente, los estudiantes tienen relativamente claro el panorama y están dispuestos a seguir movilizados hasta ser escuchados.

Referencias

• Espinoza, O. (2002). The global and national rhetoric of educational reform and the practice of in (equity) in the Chilean higher education system (1981-1998). Tesis doctoral. Ed.D. en Policy, Planning and Evaluation. School of Education, University of Pittsburgh.
• Espinoza, O. (2015). La Investigación en/sobre Políticas Educacionales en Chile: Panoramas y Perspectivas. En EccoS Revista Científica 37 (Mayo-Agosto), 233-257. ISSN Versión impresa: 1517-1949 / Versión digital: 1983-9278. Publicación EBSCO y Latindex. En  http://www4.uninove.br/ojs/index.php/eccos/article/viewFile/5692/2997
• Popkewitz, T. (1988). Educational reform: Rhetoric, ritual, and social interest. Educational Theory, 38 (1), 77-93.